miércoles, 2 de noviembre de 2011

De paradojas y tragedias


          Pocas horas después de que el habitante número 7.000 millones viera la luz por primera vez, el Jefe del Gobierno del país que inventó la democracia decidió sacudir los cimientos de nuestro pequeño planeta. Giorgos Papandreu, Primer Ministro griego ha anunciado la celebración de un referéndum sobre la aceptación o no del nuevo plan de rescate de la Unión Europea al país heleno. Las reacciones no se han hecho esperar. Los inversores, preocupados ante la incertidumbre de si el plan será finalmente aprobado o no, han provocado el desplome de las bolsas europeas y el alza de las primas de riesgo italiana y española. Mientras, los Gobiernos de la zona euro no han tardado en criticar la propuesta de Papandreu.
          Si algo ha venido a confirmar el anuncio del referéndum en Grecia es que a ese ente abstracto que denominamos “mercados” no le cae bien los lentos y tediosos procesos de participación popular. En teoría, aquello que reclaman los inversores es estabilidad. La estabilidad produce confianza, y la confianza facilita que los inversores arriesguen su dinero. Y gracias a ese dinero los Estados pueden financiarse –dado que carecen de un sector público fuerte que ejerza de fuente ingresos, los Estados deben acudir a los mercados a buscar el capital que necesitan-. Debido a la falta de regulación en los mercados financieros, los Estados son muy vulnerables a las decisiones de los inversores, ya que de éstas depende en gran medida la viabilidad presupuestaria de aquéllos. De ahí se deduce que los Estados deben preocuparse muy mucho por mantener la confianza de los inversores, porque si no pueden acabar en la bancarrota. Y en una época de crisis como la que ahora vivimos, esa amenaza se acentúa.
      Pero, a diferencia de Dios, los mercados no son omnipotentes. En cualquier momento, un Estado puede cambiar su legislación y poner coto a la especulación. Ya sea tasando las transacciones financieras o ya sea negándose a pagar una deuda, un Gobierno puede entrometerse entre los moneymakers y la deidad del laissez faire laissez passer. Un pequeño país ha demostrado que tal heroicidad está al alcance de los humanos. Islandia, héroe para muchos y villano para otros, aplicó medidas como las arriba mencionadas y no ha sido objeto de la marginación internacional que muchos le auguraban. Al contrario, su economía reflota pese a que sus bancos se hundieron.
           No obstante, el resto del mundo sigue anclado en el pensamiento único neoliberal, por lo que debemos seguir analizando los mecanismos del mismo. Si los mercados son enemigos de la incertidumbre y los Estados dependen de ellos para sobrevivir, entonces será misión de éstos últimos garantizar las condiciones propicias para mantener contentos a los primeros. Sin embargo, los Estados deben atenerse a unas reglas del juego marcadas por sus constituciones democráticas –si es que las tienen-. Cruel impedimento éste frente a la estabilidad demandada por los inversores. Porque, ¿qué mayor garante de la estabilidad que la permanencia indefinida de un Gobierno determinado con una tendencia política firme y apenas variable? Someter los designios del poder político a la elección periódica de los ciudadanos ya es una concesión suficiente a eso que llaman soberanía popular. ¿Cómo permitir entonces que se pida opinión a la ciudadanía más allá de la elección de los representantes que decidirán por ellos? 
            La libertad total de mercado lleva a que los inversores acumulen más poder que los Gobiernos. La perspectiva ideal para un inversor es un Estado con un poder político fuerte. El más fuerte de los sistemas políticos conocidos es la democracia liberal representativa. Gracias al control ejercido sobre los medios de comunicación, a través de la connivencia implícita entre los grandes partidos políticos –que, al ser de tendencia centrípeta, aseguran la continuidad del sistema- y los empresarios de la información –conglomerados mediáticos transnacionales muy interesados en la estabilidad sistémica-, la opinión pública es dirigida para que no se salga de los rediles establecidos. Así, se asegura la cohesión social a la vez que se obtiene la legitimidad otorgada por la celebración de elecciones periódicas. Al contrario que las dictaduras, dónde el poder político es inestable porque solo se mantiene por medio de la represión violenta, las democracias modernas aseguran la paz interna a través del control indirecto de sus ciudadanos. Es por ello que, en tiempos de crecimiento económico, la democracia representativa consolidada es siempre el sistema preferido para los inversores. Pero, cuando la situación se torna gris, cuando la economía comienza a declinar, la cohesión social se deteriora y los conflictos latentes afloran. Es entonces cuando la democracia puede volverse un obstáculo y la dictadura una opción viable para recomponer la estabilidad. Y, no olvidemos que si en el mundo actual prima la opinión de los mercados, será lo que ellos demanden lo que se acabará haciendo. No quiere decir esto que países como Grecia deban acabar irremediablemente con un cambio político hacia un sistema autoritario. No obstante, si sus socios europeos continúan imponiendo a Atenas las bochornosas medidas que le exigen, es muy probable que su sistema político colapse.
          Pero he aquí que el Gobierno de Giorgos Papandreu ha decidido convocar un referéndum para que su pueblo vote si quiere recibir el apoyo económico de Bruselas. El plan de ayuda, que incluye la condonación del 50% de la deuda adquirida por el país heleno tras el anterior paquete, impone durísimas medidas de ajuste. Percibido como una humillación por la ciudadanía griega, las encuestas vaticinan que un 60% votará contra el plan. Si ello ocurre, la viabilidad del euro estará en peligro. De no recibir la ayuda europea, Atenas no dispondría de liquidez para afrontar sus pagos, entrando literalmente en bancarrota. Irlanda, Portugal, España e Italia no tardarían en seguirla, provocando una debacle de proporciones bíblicas. Además, los bancos franceses y alemanes, muy expuestos a la economía griega, también se verían en grandes dificultades. Por ello, el acuerdo sobre el nuevo plan de rescate griego se antojaba tan importante. Sin embargo, ahora el destino de Europa quedará en las manos de los 11 millones de griegos. 
          Afrontando un dilema de imposible solución, los ciudadanos del pequeño país de la periferia europea tendrán que decidir entre caer solos o llevarse consigo al resto de la Unión. Como si de una tragedia de Sófocles se tratara, los griegos se debatirán entre aceptar unas condiciones inaceptables para su país o provocar el colapso de la economía continental. El futuro de Europa se decidirá en la cuna de la civilización occidental. Gran paradoja. Como también lo es que sean aquellos que inventaron la democracia los que vengan a recordarnos que la decisión directa del pueblo debe ser piedra angular en todo sistema político que quiera ser considerado democrático.


Fuentes del texto:
http://www.elpais.com/articulo/economia/giro/dramatico/Atenas/solucion/definitiva/elpepueco/20111101elpepueco_2/Tes
http://www.bbc.co.uk/news/business-13798000
http://www.nytimes.com/2011/11/02/world/europe/markets-tumble-as-greece-plans-referendum-on-latest-europe-aid-deal.html
papandreu/472377.shtml
http://sp.ria.ru/opinion_analysis/20111101/151389786.html
Fuentes de las imágenes:

lunes, 15 de agosto de 2011

La batalla por la red

“El poder depende del control de la comunicación, el contrapoder depende de romper dicho control”. “Las redes horizontales posibilitan la aparición de la autocomunicación de masas”. Manuel Castells, sociólogo experto en Sociedad de la Información, expresaba así en Twitter las claves de la perpetuación del poder o el derribo del mismo en las sociedades avanzadas del siglo XXI.

En los últimos tiempos ha tomado cuerpo el debate sobre el control policial de las redes sociales. El Primer Ministro británico David Cameron ha defendido  con vehemencia la necesidad de regular estos canales de comunicación que parecen escapar del dominio del poder. En las revueltas acaecidas recientemente en Inglaterra, los jóvenes descontentos utilizaron los teléfonos BlackBerry para expandir los mensajes y congregarse masivamente en lugares concretos. Sin duda, los disturbios incontrolados que han propiciado saqueos, incendios e incluso muertes en las principales ciudades inglesas, constituyen un argumento de peso para los defensores del control de Internet. Éstos, con Cameron a la cabeza, pregonan el cierre temporal de las redes sociales que sean utilizadas por los alborotadores. Ello también supondría la vigilancia policial continua como prevención de futuros desórdenes. 

No son pocas las reacciones de los gobiernos democráticos ante esta candente cuestión. En Nueva York, por ejemplo, se acaba de crear una brigada especial dentro del cuerpo de policía destinada al rastreo de redes sociales. En Noruega, tras la matanza de Utoya, se ha planteado la regulación de los comentarios en Internet. La India ha anunciado hace pocos días que monitorizará las redes sociales para prevenir revueltas. Precisamente esa medida fue tomada meses atrás por el Gobierno de Chile. No obstante, el ejecutivo de Sebastián Piñera acaba de renunciar a la vigilancia institucional de la red debido al masivo rechazo que ha provocado entre los ciudadanos. Y es que Chile es otro de los países a los que ha llegado a la oleada de protestas. En las últimas semanas se han celebrado multitudinarias manifestaciones estudiantiles en demanda de educación pública de calidad. 

Queda claro que el poder comienza a ponerse nervioso con Internet. Como dice Castells, las redes sociales permiten la comunicación horizontal de las masas. Se rompe así el control de facto sobre los medios de comunicación que el sistema siempre ha tratado de mantener. Los medios tradicionales, siervos de la lógica mercantilista propia de toda empresa con ánimo de lucro, juegan un papel estabilizador. Garantes de la cohesión social a través de la emisión de información amable para el sistema, estos medios han olvidado su papel de contrapoder. Recogiendo ese testigo, las redes sociales sirven como instrumento eficaz para canalizar el descontento. Las masas contestatarias tienen ahora una herramienta sin parangón para organizarse. Facebook y Twitter, las redes sociales más utilizadas, han sido un factor clave para el triunfo de las revueltas árabes. También han facilitado protestas en China,  Irán o Bielorrusia. 

Hasta hace pocos meses, los Gobiernos occidentales se mostraban entusiasmados con el poder democratizador de las nuevas tecnologías. Aplaudieron así a los miles de jóvenes reunidos en la Plaza Tahrir a través de Facebook que consiguieron derrocar a Mubarak. A su vez, la indignación era ostensible ante la censura en Internet impuesta por dictadores árabes como Gadafi o Al Assad. El propio Cameron decía en febrero en un discurso en Kuwait que las redes sociales e Internet “pertenecen a una nueva generación para la que la tecnología es una herramienta poderosa en manos de los ciudadanos, y no un medio de represión”.

Por paradójico que parezca, los líderes occidentales no tienen problemas en rehuir de sus proclamados valores democráticos cuando así conviene a sus intereses. Su obsesión por el monopolio de la comunicación de masas podría llevarles a coartar la libertad de expresión en la red. Es curioso que incluso este derecho, una de las piedras angulares de la ideología hegemónica -el liberalismo-, pueda ser puesto en duda en nombre del mantenimiento del orden institucional existente. La máxima maquiavélica está todavía muy presente en nuestros gobernantes. Su egoísta fin de perpetuarse en el poder justifica cualquier medio, aunque se lleve por delante siglos de luchas civiles por conseguir la libre expresión y difusión de las ideas. Quizá los gobiernos deberían preocuparse más por acudir a la raíz de los problemas y poner fin al descontento social que origina las revueltas. La historia demuestra que la represión, ya sea ejercida con pistolas o con mordazas, no es efectiva a largo plazo. Los ciudadanos, tarde o temprano, acaban encontrando la manera de avanzar hacia una sociedad más justa. 

El mundo ha cambiado mucho con la irrupción de Internet y la generalización de las redes sociales. Como twittea Manuel Castells, “el proceso de formación y ejercicio de las relaciones de poder se transforma radicalmente en el nuevo contexto organizativo y tecnológico”. La lucha por el control de la comunicación en la red acaba de empezar. Pero, de momento, la mayor amenaza que pende sobre la más importante red social no parte de un ente estatal. Muy al contrario, es el grupo hacktivista Anonymous quien ha anunciado que el próximo 5 de noviembre hará caer Facebook debido a la complicidad de esta web con los cuerpos de inteligencia de los Gobiernos. 

Es el de Internet un futuro incierto. Es claro que una batalla se está librando a su alrededor. Los Gobiernos no permitirán por mucho tiempo que una herramienta con tanto potencial desestabilizador siga escapando a su dominio. La incógnita se sitúa en la ciudadanía. ¿Dejará ésta que se le arrebate impunemente su más eficaz instrumento de comunicación?

@jaimegsb


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lunes, 8 de agosto de 2011

Indignación


En los últimos meses han sido muchas las cosas que han tocado a su fin. Muchos y muy variados hechos se han sucedido poniendo punto y final a diferentes realidades. Desde la vida de Bin Laden hasta la invulnerabilidad de la estabilidad económica estadounidense. Desde la hegemonía autonómica del PSOE hasta el futuro político de Zapatero. Desde la virginidad carcelaria del ex presidente del Fondo Monetario Internacional hasta la confianza en la viabilidad del capitalismo autorregulado. Todo ello forma parte del pasado. Un pasado que un día fue capaz de ilusionar al ser humano con la irresistible idea de que un horizonte de prosperidad infinita se alzaba sobre nuestro futuro. Desengañados, hemos tomado conciencia de lo que en realidad ha ocurrido. Cuando se nos hablaba de prosperidad en realidad se referían a riqueza ficticia encerrada dentro de hipotecas basura. Cuando se nos insinuaba que sería infinita en realidad querían decir que se habían asegurado de modelar un sistema que no tuviera más opción que rescatarlos en caso de colapso. 


En medio de este panorama, la efervescencia social se ha disparado. Tras darnos cuenta de que el mundo en que vivimos no es un plácido y manso vaso de agua sino una lata de refresco gaseoso, no ha sido necesario más que agitarlo un poco para que explotara. El estallido de la burbuja financiera dio origen a la crisis económica. El estallido de la burbuja social ha puesto de relieve la crisis política.

Desde hace tres meses una palabra cuasi monopoliza el debate público español. Indignación. Indignación ante la flagrante gestión de la crisis, que ha hecho realidad el sueño de todo amoral empresario: socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios. Indignación ante la creciente acumulación de riqueza por una elite minoritaria mientras las clases medias se empobrecen. Indignación ante el oscuro futuro que se cierne sobre los jóvenes. Indignación, al fin, ante la falta de cauces que ofrece el sistema para canalizar todo ese sentimiento de frustración. Y es que la indignación se torna en rabia al comprobar los numerosos resortes que posee el sistema para perpetuarse. Una ley electoral injusta que otorga más valor a unos votos que a otros. Una sumisión del poder político al financiero debido a la desregulación y privatización salvaje. Una connivencia de los medios de comunicación con la oligarquía político-financiera de la que depende y a la que, por tanto, sirve. Unas Fuerzas de Seguridad del Estado utilizadas como perros de presa cuando el fantasma de la desestabilización amenaza a los centros de poder. 

El movimiento de los indignados, conocido también como 15-M –debido a que nació a raíz de una manifestación y posterior acampada el día 15 de mayo de 2011-, ha gozado de un crecimiento imparable. El caldo de cultivo propicio –descontento popular ante la precarización de la vida, constantes amenazas de nuevos recortes, cifra de paro desorbitada-, unido a una situación política propicia –cercanía de elecciones, primero regionales y ahora nacionales- han facilitado que el movimiento se extienda como un reguero de pólvora sin la respuesta contundente de las autoridades. Una inusitada permisividad policial permitió que miles de personas acamparan durante varias semanas en el corazón de las ciudades españolas. Dejando claro que su principal razón de existencia es el triunfo electoral, los partidos políticos idearon sus estrategias para responder al desconcertante, inédito y masivo movimiento social espontáneo. 

El PSOE, partido en el Gobierno, se encontraba atado de pies y manos debido a varios factores. En primer lugar, veía en la masa indignada, mayoritariamente de izquierdas, un rebaño de potenciales votantes. En segundo lugar, el candidato de facto que presentaría a los comicios generales ocupaba entonces el más incómodo de los puestos. Rubalcaba era Ministro del Interior, el máximo responsable de las actuaciones policiales. El mismo cargo que le había reportado popularidad con las operaciones antiterroristas, se tornaba ahora en una piedra al rojo vivo que le quemaba en las manos. Poco después Rubalcaba era nombrado oficialmente candidato y abandonaba la engorrosa cartera. Los socialistas, tras dar a conocer el adelanto electoral para el 20 de noviembre, continúan con su estrategia de atracción a los indignados. Sin embargo, parecen obviar que la principal causa  que dio origen al movimiento fue, precisamente, la escandalosa sumisión que su Gobierno ha mostrado ante los intereses de los especuladores.


Por su parte, el PP, como es su costumbre, no ha hecho sino azotar al Ejecutivo sin mencionar ninguna propuesta constructiva. Porque el uso de la violencia para desalojar las acampadas, único posicionamiento práctico que el partido de Mariano Rajoy ha manifestado en público, no puede considerarse como constructivo sino, muy al contrario, meramente coercitivo. Utilizando a la patronal de los comerciantes madrileños como batallón de choque, los populares han tratado una y otra vez de deslegitimar al movimiento, cuando no insultarlo. Especialmente virulentos han sido los dirigentes madrileños, Aguirre y Gallardón, descontentos con que la acampada se realizase frente a la sede presidencial de la Comunidad de Madrid en vez de en la Moncloa. Parecen no comprender el concepto de visibilidad

Porque si alguno era en un principio el propósito del 15-M, ese era el de visibilizar la preocupante situación político-económica que vive el país, analizándola desde la perspectiva del interés ciudadano y no desde el interés del poder como hasta ese momento habían hecho los medios de comunicación tradicionales. Qué duda cabe que una protesta se visibiliza mejor en la más emblemática de las plazas de cada ciudad, en el caso de Madrid, la Puerta del Sol. Y la visibilidad, además de en las calles, también se hizo notar en los medios de comunicación. Llenando telediarios y portadas del mundo entero, el 15-M consiguió captar el interés del ojo mediático, siempre más preocupado por las nimiedades propagandísticas de los políticos que por la realidad de los problemas ciudadanos. Obligados por el respaldo social masivo, los periódicos  tuvieron que abrir sus páginas a la más que justificada indignación ciudadana. No obstante, no tardaron en enseñar los dientes. Poco duró en los medios la actitud de euforia ante la novedad de una sociedad civil organizada capaz de reivindicar por sí misma sus derechos. Síntoma de una democracia avanzada, la actitud no violenta y dialogante del movimiento conquistó rápidamente a los periodistas. Pero sus jefes no tardaron en reprenderles. Azuzados por los intereses económicos de los conglomerados empresariales a los que pertenecen, los medios cambiaron su actitud amable hacia el movimiento por un continuo intento de acoso y derribo. Criticando, primero, su lentitud para crear propuestas alternativas. Minimizando, después, su capacidad de convocatoria. Criminalizando, finalmente, los métodos de protesta de algunos de sus miembros. 

Pero, lejos de silenciar el sentimiento de hartazgo, acontecimientos como la dimisión del Presidente de la Comunidad Valenciana, el adelanto de las elecciones generales o las alarmantes cotas alcanzadas por la prima de riesgo española, no han podido expulsar del espectro mediático al neonato movimiento. Pues, pese a los intentos de muchos de darlo por muerto, el movimiento resurge con más fuerza a cada golpe que recibe. Si su nacimiento se dio tras el desalojo de la acampada en Sol tras la manifestación del 15 de mayo, la mayor demostración de fuerza vino tras la ilegalización expresa de la Junta Electoral Central de la concentración el día previo a las elecciones del 22 de mayo. Como no podía ser de otra manera, el desmantelamiento del punto de información que el movimiento dejó en la Puerta del Sol tras la decisión de finalizar la acampada, ha tenido como reacción nuevas movilizaciones masivas de apoyo a los indignados. Y es que, convocar a decenas de miles de personas en una horas en pleno agosto, no es un hito al alcance de cualquiera. Así pues, el movimiento resiste ante los continuos certificados de defunción expedidos en los medios de comunicación.

Sin embargo, hay que reseñar que una de las grandes características del 15-M es que su difusión principal no se realiza a través de los medios tradicionales. Las redes sociales, Twitter en particular, actúan como correa de transmisión para las voces indignadas. Gracias a Internet, un medio que ofrece canales de comunicación horizontal no jerarquizados por intereses económicos ocultos, el movimiento es capaz de difundir su mensaje, llegando así a las personas interesadas en escucharlo. La posibilidad que ofrece la red de transmitir información instantánea y multimedia también es aprovechada, pues son numerosos los twitteros que acuden a las asambleas o movilizaciones y actualizan en tiempo real lo que allí ocurre, incluyendo fotografías y vídeos. De hecho, las actualizaciones en Twitter también están empezando a ser utilizadas por medios de comunicación ajenos al movimiento. Es el caso de lainformacion.com, que manda a sus redactores a cubrir los actos convocados por el 15-M. Uno de sus periodistas, Gorka Ramos, fue uno de los detenidos tras la carga policial frente al Ministerio del Interior el pasado 4 de agosto, tras una concentración de indignados que pedía la dimisión del Ministro Antonio Camacho y de la Delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión.

En una de las pancartas más exhibidas durante estos tres meses se puede leer “Cuando los de abajo se mueven, los de arriba tiemblan”. No podría ser mejor descrita la situación que se vive ahora en España. El poder se ha puesto nervioso ante la amenaza que para él supone un movimiento ciudadano bien organizado. Es sin duda síntoma de ello el hecho de clausurar una plaza pública en el corazón de la capital del país de manera anticonstitucional. Y es que, como ya contábamos, el día 2 de agosto la policía procedió a desalojar el punto de información en la Puerta del Sol, así como las últimas tiendas de campaña que allí quedaban. De igual modo, se desmanteló el campamento del Paseo del Prado, instalado por indignados procedentes de todos los puntos cardinales del país tras finalizar las marchas que, durante un mes, les llevó a recorrer diferentes núcleos rurales del interior del Estado recogiendo los problemas de sus olvidados habitantes.

Pues bien, la respuesta del Gobierno ante el terremoto social que comenzaba a vislumbrarse consistió en el vaciamiento y posterior blindaje del kilómetro cero madrileño. Durante tres días se impidió sistemáticamente el acceso a la plaza, infringiendo los artículos 19 y 21 de la Constitución Española vigente, garantes de las libertades de circulación y reunión. Se inauguró así un Estado de sitio de facto sin dar ninguna explicación a la ciudadanía. Además, las Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional no dudaron en emplear la fuerza ante la actitud no violenta, aunque combativa, de los indignados. Como narrábamos, se llegó incluso a detener a un periodista mientras ejercía su labor profesional. Estos gravísimos hechos no son sino prueba de ese nerviosismo que ha invadido a las élites españolas al vislumbrar la posibilidad de ser apeadas de su privilegiada posición.

El movimiento 15-M se ha visto reflejado por el apoyo fuera de nuestras fronteras. Si en los primeros días de movilizaciones fueron españoles residentes en el extranjero los que iniciaron acciones de apoyo, más tarde se han ido reproduciendo movimientos autóctonos que utilizan los mismos métodos. Así ha ocurrido en países como Grecia, Turquía o Israel. 
 
Herederos de las revoluciones pacíficas de Egipto, Túnez o Islandia, los indignados españoles no parecen dispuestos a cejar en su empeño hasta ver materializadas sus demandas. De momento, los partidos políticos no parecen más que acoger las propuestas de manera superficial como arma electoralista. No obstante, conforme la fecha de las elecciones generales se acerque seguramente veremos como las formaciones que a ellas se presentan tratan de atraer cada vez con más empeño el voto indignado. 

Los indignados, por su parte, se niegan a crear un partido político propio que concurra a los comicios. Su método asambleario descentralizado –existen asambleas periódicas en todos los pueblos y barrios de Madrid, así como en muchas otras ciudades de España- se antoja incompatible con el parlamentarismo clásico, enmarañado en continuos juegos de poder que hacen a los representantes de la ciudadanía dejar a un lado los programas por los que fueron elegidos. El 15-M, utiliza el asamblearismo como modo de democracia directa, en la que todo ciudadano interesado puede acudir a proponer o debatir propuestas. Las decisiones se toman por consenso, no por mayoría, lo que ralentiza el proceso. Pero, aún lento, se asegura que en cada decisión final hayan intervenido todas las posturas, modelando decisiones que no marginan a las minorías.

Criticados por unos y apoyados por otros, el movimiento indignado parece imparable. Dispuesto a marcar la agenda de la campaña electoral, el 15-M se erige como una fuerza política apartidista que a buen seguro dará mucho que hablar en los próximos tiempos. Aglutinando el hartazgo de la población ante los excesos de la oligarquía político-financiera, recuperando formas de lucha social que parecían olvidadas y haciendo uso de la imaginación y las nuevas tecnologías para inventar otras nuevas, el 15-M es ya una realidad que se ha hecho un hueco, para bien o para mal, en la vida de todos los españoles. Nadie queda indiferente ante él.

@jaimegsb

Fuentes del texto:
http://madrid.tomalosbarrios.net/
http://twitter.com/#!/acampadasol
http://www.democraciarealya.es/
http://www.diagonalperiodico.net/Cronica-de-las-movilizaciones-del.html
http://www.elpais.com/articulo/madrid/dias/Sol/estuvo/cerrado/elpepiespmad/20110807elpmad_2/Tes
Hessel, S. (2011). ¡Indignaos!. Barcelona: Destino
Fuentes de las imágenes:
http://positivate.wordpress.com/2011/05/18/%C2%BFdisidencia-fabricada/
http://redirmln.blogspot.com/2011/05/espana-la-jornada-20-de-mayo-2011.html
http://upyd.foroactivo.net/t3165p315-15-m-democracia-real-ya
http://www.15-m.es/2011/06/carga-policial-frente-las-cortes.html
http://alt1040.com/2011/08/policia-sol-15m-madrid
http://twitpic.com/61178z
https://concienciaciudadana.wordpress.com/2011/05/27/grecia-se-suma-al-movimiento-del-15m-conciencia-ciudadana/



Nota: Este artículo también fue publicado en Rebelio.org (http://rebelion.org/noticia.php?id=133696)


lunes, 2 de mayo de 2011

Inmoral

El sistema es inmoral. El capitalismo, relación económica imperante en la actualidad, domina prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros, de manera inconsciente, interiorizamos sus reglas, sus lógicas, y actuamos conforme a ellas. El criterio economicista, es decir, la búsqueda de la máxima rentabilidad monetaria, invade cada vez más ámbitos de la vida social e individual. Hoy en día, lo lógico es actuar conforme a la regla del máximo beneficio posible con el mínimo esfuerzo. Es por ello que la mayor parte de las personas que visualizan un documental que arroja luz sobre la cara menos amable del sistema, simplemente quedan sorprendidos por unos segundos, quizá minutos, pero poco después continúan con sus vidas como si nada les hubiera sido revelado.

El neoliberalismo, o sea, el proceso de desregulación estatal sobre la economía, es la forma que adopta en la actualidad el capitalismo. Privatizar empresas que antes eran de capital público, suprimir aranceles para ampliar los mercados o derribar barreras fiscales que hasta ahora servían para corregir los desequilibrios de renta entre las diferentes capas de la sociedad, son algunas de las medidas que los Gobiernos han tomado durante las últimas tres décadas. Todo ello ha favorecido el proceso que conocemos como mundialización.

Ahora el mercado es mundial. Atrás quedaron los tiempos del fordismo, cuando los empresarios veían en el salario de sus trabajadores no sólo un coste, o sea, una carga que reducía su margen de beneficios, sino también una inversión, pues un sueldo generoso permitía a sus asalariados actuar como consumidores de sus productos en el mercado. Por aquel entonces, cuando todavía existían obstáculos a la libre circulación de capitales, eran los residentes en el país los que a la vez ofrecían su mano de obra a las empresas para más tarde adquirir los productos que estas generaban. No obstante, tras la implantación del neoliberalismo económico como pensamiento único, los empresarios pueden desplazar sus centros de producción a otros países donde la mano de obra es más barata y, pese al largo recorrido que las mercancías deben recorrer al ser transportadas, reducir sus costes de producción y maximizar así sus beneficios. Con esta posibilidad, las élites económicas ganan doblemente. Por un lado reducen costes y, por otro, minan la capacidad de respuesta colectiva de los trabajadores, pues si estos tratan de usar sus tradicionales armas de reivindicación para mejorar sus condiciones laborales, corren el riesgo de que la dirección de su empresa huya hacia otra geografía con personal menos combativo. Es a lo que Zygmunt Bauman denomina modernidad líquida.

Así pues, neoliberalismo y mundialización son procesos convergentes que configuran la realidad actual de la humanidad. La práctica totalidad de los líderes del mundo manifiestan su afinidad con el sistema, ya sea con palabras o con hechos. Los partidos socialdemócratas han firmado su acta de defunción. Han hecho buena la idea de Francis Fukuyama sobre El fin de la Historia al aceptar los postulados contra los cuales precisamente fueron creados para combatir. En definitiva, el poder político ha sellado su acuerdo con la oligarquía económica. Y para convencer a la ciudadanía de que no existe alternativa posible, cuentan con un arma de enorme potencial: la persuasión masiva a través de los medios de comunicación, en particular de la televisión.

Por culpa de la fe que los humanos nos hemos acostumbrado a profesar sobre todo lo que la “caja tonta” diga, vídeos como el de La historia de las cosas son insuficientes para cambiar el panorama. Bien es verdad que suponen un esfuerzo muy loable: un intento por dar la vuelta a una situación inadmisible. Pero contra el poder de la Verdad, encarnada en la actualidad por los medios de comunicación masivos, es muy complicado luchar. Mientras las personas de a pie no sean las que estén dispuestas a abrir los ojos por sí mismas, todo esfuerzo será inútil. Cierto es que sería necesario un empujón dado por aquellos que sí han sido capaces de percibir la necesidad de cambio, pero no es suficiente. Necesitamos un factor externo de tal dimensión que obligue a la gente a reaccionar para darle la vuelta a las cosas. Ese elemento externo podría ser, desde un agotamiento total de algún recurso esencial para el mantenimiento del nivel de vida de la población, hasta un cambio en la política educativa que propicie la formación de mentes críticas y ávidas de mejorar la sociedad en vez de los seres adormecidos que produce actualmente. Mejor sería que esta segunda posibilidad se diese antes que la primera. Sin embargo, la historia demuestra que el poder nunca cede su posición por propia voluntad, y mucho menos educa a los que se encuentran abajo para que sean capaces de arrebatarles su lugar privilegiado.

Empezábamos este ensayo tachando de inmoral al sistema capitalista. La historia de las cosas pone de manifiesto esa cualidad. No importa expulsar masivamente a la atmósfera toneladas de sustancias tóxicas que pueden provocar efectos nocivos sobre las personas. No importa poner entre la espada y la pared a miles de seres humanos obligándoles a exponerse a condiciones de trabajo deplorables debido a que esa es la única manera que tienen de salir adelante. No importa destruir el hábitat de comunidades de seres humanos que tienen otras costumbres alejadas de la producción industrial. No importa nada de esto, siempre y cuando se obtenga rentabilidad económica. Todo se reduce a una palabra: beneficio. Eso sí, de unos pocos, a costa de otros muchos. Por ello el sistema carece de base ética alguna. Los tan retóricamente defendidos derechos humanos son pisoteados día a día. Pero la humanidad está convencida de que existe la libertad y el progreso. Curioso mundo éste.

Jaime

lunes, 25 de abril de 2011

"Quieren enterrar la tasa como pasó con los paraísos"

A. PÉREZ. CORRESPONSAL PARÍS DIARIO PÚBLICO 25/04/2011
 
Liem Hoang Ngoc.Liem Hoang Ngoc, catedrático de Economía de la Sorbona y eurodiputado, pertenece a una corriente muy particular del ala izquierda del PS galo: la apadrinada por el histórico Henri Emmanuelli, que reúne a profesionales de las finanzas partidarios de fórmulas estatales dirigistas. Junto a otros eurodiputados franceses comunistas, alterglobalistas, verdes y centristas, ha publicado en varios diarios una tribuna que deja en evidencia las tácticas del presidente francés, Nicolas Sarkozy,al frente del G-20.

Usted alerta sobre la dilación en la Tasa a las Transacciones Financieras. Los Gobiernos, especialmente Francia, no paran de decir que avanza.
Creemos que esa tasa es necesaria, pero sobre todo denunciamos las maniobras de la derecha en el G-20, que Sarkozy preside este año. Prefieren una tasa a nivel europeo, no mundial, lo que busca deliberadamente enterrar el proyecto, como ya pasó con la lucha contra los paraísos fiscales.

El primer estudio a máximo nivel sobre la tasa data de hace casi diez años. ¿Seguimos igual de lejos o la resolución aprobada hace unos días por el Parlamento Europeoes un paso de gigante?
Es importante. Ahora, la Comisión debe hacer una propuesta legislativa que la active a nivel europeo. Pero estamos lejos de acabar el trabajo.

París sugiere que la tasa podría sustituirse por otras formas de "financiación innovadora" del desarrollo. ¿Usted está de acuerdo?
No. El objetivo de la tasa no es sólo recaudar fondos. Sobre todo, puede cambiar el comportamiento de los mercados, al hacer menos atractiva la pura especulación. Otras formas de "financiación innovadora", como las euroobligaciones, son igual de importantes, pero no tienen el mismo fin.

¿Por qué se oponen a la tasa personalidades como el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn?
Es una postura puramente ideológica. Tras los argumentos técnicos se oculta la convicción de que los mercados son eficaces y el Estado no debe intervenir. Su oposición es la de una pequeña minoría de afortunados que gana mucho dinero en detrimento de la estabilidad de la economía, el empleo y los sistemas de protección social.

Francia sigue igual de verborreica en cuanto a moralizar el capitalismo y regular las finanzas. ¿Hay algo ya instaurado?
No se ha hecho nada a nivel del G-20. Las declaraciones de Sarkozy son palabras huecas, puras relaciones públicas. ¿Qué significa "moralizar el capitalismo"? ¿Eso es posible? ¿Qué sería un "capitalismo moral"? No se me ocurre ninguna respuesta. En cuanto a la regulación de los mercados, ha habido pasos a nivel europeo, con la creación de autoridades de supervisión. Pero tienen poderes limitados y están infrafinanciadas si se tiene en cuenta la tarea que deben afrontar. Los amigos de quienes hacen grandes declaraciones en el G-20 nunca están dispuestos a movilizar fondos para que esos reguladores funcionen.

Hay quienes argumentan que la tasa financiera es técnicamente irrealizable.
Se equivocan gravemente. Inglaterra tiene desde hace años una tasa sobre la compraventa de ciertos activos. Hay medidas para mejorar la transparencia de los mercados y las operaciones de trading son así más fáciles de seguir, gracias a la informatización creciente de los mercados. El problema no es técnico, sino de una falta evidente de voluntad política.

Diario Público

domingo, 17 de abril de 2011

ATTAC España propone nacionalizar Telefónica


15 Abril 2011 
Comunicado de ATTAC España
Ante el anuncio realizado por la compañía Telefónica de despedir al 20% de su plantilla en España después de haber ganado 10.167 millones de euros en 2010, ATTAC España propone al Gobierno y al Parlamento españoles lo siguiente:

1. Que procedan inmediatamente a tomar las medidas necesarias dirigidas a nacionalizar a esta compañía hasta hace poco propiedad de toda la ciudadania del Estado Español, para salvaguardar los intereses públicos y el bien general evitando que el dinero y el esfuerzo acumulado durante muchos años por millones de nuestros conciudadanos y conciudadanas se sigan dedicando a lucrar a una minoría de propietarios y directivos escándalosamente bien pagados, mientras que se deterioran continuamente los servicios que presta dicha empresa y para colmo se plantean destruir 6000 empleos.

2. Que se cree una comisión independiente de investigación para poner de relieve con total transparencia las condiciones en que se llevó a cabo el proceso de privatización de las empresas españolas de propiedad estatal que han ido a parar a manos privadas.

3. Que dicha comisión estudie y proponga a los poderes públicos las fórmulas posibles para devolver a la propiedad nacional a las grandes empresas de valor estratégico que fueron privatizadas con el fin de que el Estado vuelva a ser dueño de los resortes esenciales de los que depende que nuestra economía y nuestra sociedad recobren la actividad y el empleo.

Al mismo tiempo, ATTAC España denuncia la irresponsabilidad del Presidente Rodríguez Zapatero y de su gobierno que para tratar de hacer frente a la crisis se reunió hace unas semanas con los propietarios de empresas y bancos que, como Telefónica, son en realidad las causantes de la crisis y de las mayores pérdidas de empleo que se han producido en nuestra economía.

Finalmente, ATTAC España llama a todas las personas, partidos, organizaciones, movimientos o grupos sociales de cualquier tipo interesados en salvar los intereses generales y en que la crisis la paguen quienes la han provocado que apoyen esta iniciativa, enviando su adhesión a ATTAC España.

ATTAC España iniciará diversas campañas, frente a esta actuación y denunciará según sus posibilidades las nuevas privatizaciones previstas, llamando a la ciudadanía en general a posicionarse frente a ellas y las pérdida de patrimonio que nos pertenece a todas y todos y no a sus gestores temporales.

jueves, 24 de marzo de 2011

Democracia, hipocresía y corrupción

La hipocresía política no tiene límites. La democracia, nombre que se da al sistema político en que vivimos, más bien debería ser llamada demagogia. Y es que los estadistas de gran talla que hoy nos gobiernan no dejan de sorprendernos con declaraciones cada vez más tendenciosas. Tras innumerables escándalos de corrupción sin resolver, absoluta ineficiencia para resolver los problemas y falta de proposición de alternativas reales, la ciudadanía sigue tragando con unos políticos inútiles. Y no sólo eso, los burócratas con proyección pública se siguen creyendo con autoridad suficiente como para darse lecciones unos a otros y, por tanto, a la población.

El último culebrón parlamentario tiene que ver con Sortu. El nuevo partido que representa a la izquierda vasca trata de hacerse un hueco en el juego electoral. Para ello ha cedido ante las presiones del Estado y se ha desmarcado del terrorismo de ETA. El explícito rechazo a cualquier forma de violencia consta dentro de sus estatutos. En ellos la recién nacida formación expone literalmente que “desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto a sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas”.

Pese a todo, los dos gran partidos nacionales, PP y PSOE, siguen manteniendo mano de hierro respecto a Sortu. El Vicepresidente Rubalcaba, hombre con un oscuro pasado ligado a los GAL, reitera en sus ruedas de prensa la inminente ilegalización del partido. Eso sí, para unos instantes más tarde declarar que serán los tribunales los que decidan. Bendita separación de poderes. Los jueces no estarán en absoluto presionados por el poder ejecutivo. Para nada.
No obstante, hay voces discordantes. El Lehendakari socialista Patxi López –frustrado objetivo de un comando de ETA recientemente desarticulado, virtual atentado con el que, por cierto, Sortu manifestó su disconformidad- declaró el pasado domingo a Público que “Sortu y ETA no son lo mismo”. Estas escandalosas palabras no podían sino conllevar la indignación de la oposición. ¿Cómo se puede atrever el Presidente de la Comunidad Autónoma Vasca a cuestionar el “pensamiento único” acerca de Sortu? En fin, esta osadía sin parangón ha llevado a Esteban González Pons, Vicesecretario de Comunicación del PP, a exigir inmediatamente la rectificación de Ferraz. Es decir, un miembro de un partido político que, tras 33 años de democracia, todavía no ha tenido la deferencia de condenar la dictadura franquista se arroga el derecho de decir a otro partido que desacredite unas declaraciones perfectamente razonadas y razonables. El mundo al revés.

Y es que el Partido Popular, entidad fundada por el ex Ministro de Franco Manuel Fraga no ha sido capaz en estas tres décadas de decir una sola palabra en contra del régimen autoritario que se prolongó en España durante casi cuarenta años. Es decir, para el PP, una sublevación armada de una parte del Ejército que supone el inicio de un encarnizado conflicto civil y fulmina la legalidad constitucional vigente no es un hecho digno de condenar. Sin embargo, que una parte de la población de una región del país quiera estar representada en las instituciones públicas, es un delito que pone en peligro la armonía democrática. Lo dicho, la hipocresía no tiene límites.
Dejando a un lado el oscuro pasado de España –aunque merecen especial mención las cifras: la represión franquista tras 1939 acabó con más de 50.000 vidas, mientras que ETA ha asesinado a 829 personas-, conviene resaltar la falta de cultura democrática de que adolece nuestra sociedad. Porque, todo hay que decirlo, la clase política de un país no suele ser sino el reflejo de la comunidad a la que representa. La democracia tiene como principal virtud servir a la representación de la ciudadanía, lo que conlleva escuchar sus demandas, debatirlas y, en su caso, ponerlas en práctica. El sistema electoral español espropocional , no mayoritario, por lo que la repartición de escaños en las Cámaras se hace acorde al número de votos obtenido por cada formación. Esto facilita que todas las fracciones ideológicas con peso demográfico tengan un hueco en las instituciones. Es esta y no otra la esencia del sistema político que tenemos: repartir la tarta del poder entre los distintos colectivos sociales en función de su tamaño. Por esta razón se puede decir sin miedo a equivocarse que la Ley de Partidos aprobada en 2002 choca de plano con el espíritu democrático.

La citada ley, impulsada por un PP que por aquel entonces contaba con mayoría absoluta en el Congreso, permite la ilegalización de partidos políticos. Fue creada ex profeso para expulsar de la arena política a la izquierda abertzale, dirigida por Arnaldo Otegi. Considerada el brazo político de ETA, la formación denominada Batasuna fue declarada ilegal.

Hoy en día, parece que cuestionar la ilegalización de un partido que tenga lazos con una organización terrorista es poco menos que blasfemar. Pues bien, excluir a una formación política del juego institucional significa relegar a todas las personas que la soportan, es decir, a su base social, al limbo político. Si la función esencial de la democracia es dar cabida a todas las opiniones existentes en una sociedad y otorgarles la posibilidad a todas y cada una de ellas de materializarse en la práctica, la ilegalización de un colectivo que acepta esas reglas de juego nunca puede estar justificada. En caso de que se demuestre la relación directa entre un partido y una banda armada que intenta imponer sus demandas por medio del terror, podría aceptarse la congelación de la financiación pública hacia esa formación e, incluso, el seguimiento de las acciones de sus cargos públicos para evitar que favorezcan a la organización paramilitar. Pero, en ningún caso es admisible su ilegalización dentro de un sistema que se autodenomina democrático.
El problema reside en que un partido político que soporta a una banda terrorista tenga un amplio respaldo social. Es decir, el problema es que haya gente que apoya esas acciones. Por tanto, la única solución que tendría un Estado democrático que quisiera seguir siendo considerado como tal sería la de convencer a esas personas de que la vía para llevar a cabo sus demandas no debe pasar por el filtro de la violencia. No obstante, esta posibilidad se torna imposible cuando es el propio Estado el que hace uso de esos métodos cuando le parece oportuno. No hablamos ya de los abominables GAL, sólo hace falta acudir a alguna manifestación ciudadana que tenga aire combativo –no porque sea violenta sino por sus propuestas que choquen con el statu quo imperante- para comprobar como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado lucen todo tipo de armamento represivo y hacen gala de prepotencia y malas pulgas. Por no hablar de los numerosos y documentados casos de tortura acaecidos en comisarías españolas. En definitiva, es muy complicado convencer al adversario de que está equivocado cuando uno mismo utiliza en la sombra las mismas técnicas que critica.

La democracia, por su naturaleza igualitaria –en cuanto a la participación política, no económicamente hablando -, es frágil. Para fortalecerse, en vez de recurrir a los instrumentos de los viejos y obsoletos regímenes, debe dotarse de métodos que sean coherentes con los propios principios que abandera. Educación, tolerancia o diálogo deberían ser siempre sus tácticas. Recurrir a la represión, ya sea por la vía del Derecho o por la policial, no es una vía aceptable para este sistema. De igual modo, las personas a quienes la gran mayoría de los ciudadanos delegamos nuestro poder de decisión, no pueden dedicarse a insultarse mutuamente con el único objetivo de arañar unos pocos votos. Es necesario contar con unos gobernantes rectos y coherentes para que la población se sienta complacida con la actuación de aquellos a los que otorga el privilegio de gestionar los asuntos públicos. Que éstos abandonen su inagotable retórica hipócrita y demagoga no es una utopía, sino una necesidad. Para conseguirlo los ciudadanos contamos con un arma muy poderosa: el voto. O la ausencia del mismo.
En este sistema la única forma de cambiar el panorama pasa por las urnas y por las calles. Dado que la toma de los barrios y el inicio de una insurrección social que deponga a los corruptos gobernantes que tenemos es poco menos que una fantasía digna de Tolkien, solo nos queda el sufragio. Un principio básico de la democracia versa sobre el deber de los ciudadanos de deponer a aquellos que detentan el poder cuando éstos incumplen su obligación de favorecer el bien común. No es difícil darse cuenta de que la situación actual responde a este supuesto. Por tanto, el deber de la ciudadanía hoy es castigar a los corruptos. Y a los hipócritas.


Fuentes del texto: http://www.elpais.com/articulo/espana/claves/estatutos/Sortu/elpepuesp/20110209elpepunac_37/Tes
http://www.publico.es/espana/365768/patxi-lopez-sortu-no-es-lo-mismo-que-eta
www.salamancamemoriayjusticia.org/der/espinosanacional.pdf
http://www.elpais.com/graficos/espana/Sortu/caras/Batasuna/elpepuesp/20110207elpepunac_1/Ges/
http://en.wikipedia.org/wiki/ETA
http://www.es.amnesty.org/paises/espana/tortura-y-malos-tratos/
Espinosa Maestre, F. (2010). Violencia roja y azul: España, 1936-1950. Barcelona: Crítica.Fuentes de las imágenes:http://www.heraldo.es/noticias/nacional/el_pse_cree_que_podria_contar_con_apoyo_partidos_que_aun_han_hablado.html
http://www.deia.com/2011/02/08/politica/euskadi/sortu-rechaza-la-violencia-de-eta-sin-ambages-advierte-que-nadie-les-fagocitara-y-defiende-su-derecho-a-la-legalidad-
http://montserratponsa.wordpress.com/2011/02/20/bilbao-se-manifiesta-para-exigir-la-legalizacion-de-sortu/
http://www.as.com/futbol/articulo/gonzalez-pons-colabora-ampliacion-capital/20090817dasdasftb_21/Tes
http://www.fp-es.org/el-retroceso-de-la-democracia