Crítica Krónica: marzo 2011

Publicado en La Huella Digital por

Jaime Giménez Sánchez de la Blanca

La hipocresía política no tiene límites. La democracia, nombre que se da al sistema político en que vivimos, más bien debería ser llamada demagogia. Y es que los estadistas de gran talla que hoy nos gobiernan no dejan de sorprendernos con declaraciones cada vez más tendenciosas. Tras innumerables escándalos de corrupción sin resolver, absoluta ineficiencia para resolver los problemas y falta de proposición de alternativas reales, la ciudadanía sigue tragando con unos políticos inútiles. Y no sólo eso, los burócratas con proyección pública se siguen creyendo con autoridad suficiente como para darse lecciones unos a otros y, por tanto, a la población.

El último culebrón parlamentario tiene que ver con Sortu. El nuevo partido que representa a la izquierda vasca trata de hacerse un hueco en el juego electoral. Para ello ha cedido ante las presiones del Estado y se ha desmarcado del terrorismo de ETA. El explícito rechazo a cualquier forma de violencia consta dentro de sus estatutos. En ellos la recién nacida formación expone literalmente que “desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto a sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas”.

Pese a todo, los dos gran partidos nacionales, PP y PSOE, siguen manteniendo mano de hierro respecto a Sortu. El Vicepresidente Rubalcaba, hombre con un oscuro pasado ligado a los GAL, reitera en sus ruedas de prensa la inminente ilegalización del partido. Eso sí, para unos instantes más tarde declarar que serán los tribunales los que decidan. Bendita separación de poderes. Los jueces no estarán en absoluto presionados por el poder ejecutivo. Para nada.

No obstante, hay voces discordantes. El Lehendakari socialista Patxi López –frustrado objetivo de un comando de ETA recientemente desarticulado, virtual atentado con el que, por cierto, Sortu manifestó su disconformidad- declaró el pasado domingo a Público que “Sortu y ETA no son lo mismo”. Estas escandalosas palabras no podían sino conllevar la indignación de la oposición. ¿Cómo se puede atrever el Presidente de la Comunidad Autónoma Vasca a cuestionar el “pensamiento único” acerca de Sortu? En fin, esta osadía sin parangón ha llevado a Esteban González Pons, Vicesecretario de Comunicación del PP, a exigir inmediatamente la rectificación de Ferraz. Es decir, un miembro de un partido político que, tras 33 años de democracia, todavía no ha tenido la deferencia de condenar la dictadura franquista se arroga el derecho de decir a otro partido que desacredite unas declaraciones perfectamente razonadas y razonables. El mundo al revés.

Y es que el Partido Popular, entidad fundada por el ex Ministro de Franco Manuel Fraga no ha sido capaz en estas tres décadas de decir una sola palabra en contra del régimen autoritario que se prolongó en España durante casi cuarenta años. Es decir, para el PP, una sublevación armada de una parte del Ejército que supone el inicio de un encarnizado conflicto civil y fulmina la legalidad constitucional vigente no es un hecho digno de condenar. Sin embargo, que una parte de la población de una región del país quiera estar representada en las instituciones públicas, es un delito que pone en peligro la armonía democrática. Lo dicho, la hipocresía no tiene límites.

Dejando a un lado el oscuro pasado de España –aunque merecen especial mención las cifras: la represión franquista tras 1939 acabó con más de 50.000 vidas, mientras que ETA ha asesinado a 829 personas-, conviene resaltar la falta de cultura democrática de que adolece nuestra sociedad. Porque, todo hay que decirlo, la clase política de un país no suele ser sino el reflejo de la comunidad a la que representa. La democracia tiene como principal virtud servir a la representación de la ciudadanía, lo que conlleva escuchar sus demandas, debatirlas y, en su caso, ponerlas en práctica. El sistema electoral español espropocional , no mayoritario, por lo que la repartición de escaños en las Cámaras se hace acorde al número de votos obtenido por cada formación. Esto facilita que todas las fracciones ideológicas con peso demográfico tengan un hueco en las instituciones. Es esta y no otra la esencia del sistema político que tenemos: repartir la tarta del poder entre los distintos colectivos sociales en función de su tamaño. Por esta razón se puede decir sin miedo a equivocarse que la Ley de Partidos aprobada en 2002 choca de plano con el espíritu democrático.

La citada ley, impulsada por un PP que por aquel entonces contaba con mayoría absoluta en el Congreso, permite la ilegalización de partidos políticos. Fue creada ex profeso para expulsar de la arena política a la izquierda abertzale, dirigida por Arnaldo Otegi. Considerada el brazo político de ETA, la formación denominada Batasuna fue declarada ilegal.

Hoy en día, parece que cuestionar la ilegalización de un partido que tenga lazos con una organización terrorista es poco menos que blasfemar. Pues bien, excluir a una formación política del juego institucional significa relegar a todas las personas que la soportan, es decir, a su base social, al limbo político. Si la función esencial de la democracia es dar cabida a todas las opiniones existentes en una sociedad y otorgarles la posibilidad a todas y cada una de ellas de materializarse en la práctica, la ilegalización de un colectivo que acepta esas reglas de juego nunca puede estar justificada. En caso de que se demuestre la relación directa entre un partido y una banda armada que intenta imponer sus demandas por medio del terror, podría aceptarse la congelación de la financiación pública hacia esa formación e, incluso, el seguimiento de las acciones de sus cargos públicos para evitar que favorezcan a la organización paramilitar. Pero, en ningún caso es admisible su ilegalización dentro de un sistema que se autodenomina democrático.

El problema reside en que un partido político que soporta a una banda terrorista tenga un amplio respaldo social. Es decir, el problema es que haya gente que apoya esas acciones. Por tanto, la única solución que tendría un Estado democrático que quisiera seguir siendo considerado como tal sería la de convencer a esas personas de que la vía para llevar a cabo sus demandas no debe pasar por el filtro de la violencia. No obstante, esta posibilidad se torna imposible cuando es el propio Estado el que hace uso de esos métodos cuando le parece oportuno. No hablamos ya de los abominables GAL, sólo hace falta acudir a alguna manifestación ciudadana que tenga aire combativo –no porque sea violenta sino por sus propuestas que choquen con el statu quo imperante- para comprobar como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado lucen todo tipo de armamento represivo y hacen gala de prepotencia y malas pulgas. Por no hablar de los numerosos y documentados casos de tortura acaecidos en comisarías españolas. En definitiva, es muy complicado convencer al adversario de que está equivocado cuando uno mismo utiliza en la sombra las mismas técnicas que critica.

La democracia, por su naturaleza igualitaria –en cuanto a la participación política, no económicamente hablando -, es frágil. Para fortalecerse, en vez de recurrir a los instrumentos de los viejos y obsoletos regímenes, debe dotarse de métodos que sean coherentes con los propios principios que abandera. Educación, tolerancia o diálogo deberían ser siempre sus tácticas. Recurrir a la represión, ya sea por la vía del Derecho o por la policial, no es una vía aceptable para este sistema. De igual modo, las personas a quienes la gran mayoría de los ciudadanos delegamos nuestro poder de decisión, no pueden dedicarse a insultarse mutuamente con el único objetivo de arañar unos pocos votos. Es necesario contar con unos gobernantes rectos y coherentes para que la población se sienta complacida con la actuación de aquellos a los que otorga el privilegio de gestionar los asuntos públicos. Que éstos abandonen su inagotable retórica hipócrita y demagoga no es una utopía, sino una necesidad. Para conseguirlo los ciudadanos contamos con un arma muy poderosa: el voto. O la ausencia del mismo.