15 Abril 2011
Comunicado de ATTAC España
1. Que procedan inmediatamente a tomar las medidas necesarias dirigidas a nacionalizar a esta compañía hasta hace poco propiedad de toda la ciudadania del Estado Español, para salvaguardar los intereses públicos y el bien general evitando que el dinero y el esfuerzo acumulado durante muchos años por millones de nuestros conciudadanos y conciudadanas se sigan dedicando a lucrar a una minoría de propietarios y directivos escándalosamente bien pagados, mientras que se deterioran continuamente los servicios que presta dicha empresa y para colmo se plantean destruir 6000 empleos.
2. Que se cree una comisión independiente de investigación para poner de relieve con total transparencia las condiciones en que se llevó a cabo el proceso de privatización de las empresas españolas de propiedad estatal que han ido a parar a manos privadas.
3. Que dicha comisión estudie y proponga a los poderes públicos las fórmulas posibles para devolver a la propiedad nacional a las grandes empresas de valor estratégico que fueron privatizadas con el fin de que el Estado vuelva a ser dueño de los resortes esenciales de los que depende que nuestra economía y nuestra sociedad recobren la actividad y el empleo.
Al mismo tiempo, ATTAC España denuncia la irresponsabilidad del Presidente Rodríguez Zapatero y de su gobierno que para tratar de hacer frente a la crisis se reunió hace unas semanas con los propietarios de empresas y bancos que, como Telefónica, son en realidad las causantes de la crisis y de las mayores pérdidas de empleo que se han producido en nuestra economía.
Finalmente, ATTAC España llama a todas las personas, partidos, organizaciones, movimientos o grupos sociales de cualquier tipo interesados en salvar los intereses generales y en que la crisis la paguen quienes la han provocado que apoyen esta iniciativa, enviando su adhesión a ATTAC España.
ATTAC España iniciará diversas campañas, frente a esta actuación y denunciará según sus posibilidades las nuevas privatizaciones previstas, llamando a la ciudadanía en general a posicionarse frente a ellas y las pérdida de patrimonio que nos pertenece a todas y todos y no a sus gestores temporales.
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